Jonatan Díaz Herrera

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10 de diciembre de 1948 en París como respuesta de la comunidad internacional al horror de la guerra y el terror del holocausto. Su punto de partida fundante es que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto representó un salto civilizatorio de envergadura histórica, a merced del cual los pueblos del mundo reafirmaron su convicción “en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”.

La Declaración Universal proclamó que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; afirmando la aspiración en “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias”, un mundo sustentado en “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales”. Todo ello, “considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, con el fin de que la persona no se vea compelida al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy considerada el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos.

Sin embargo, la experiencia del último medio siglo de devenir de los pueblos de América Latina y el mundo permite comprobar que es una perspectiva pendiente de materialización.

La irrupción del neoliberalismo se ha transformado en el obstáculo principal para la plena vigencia de los derechos humanos.

En primer término, porque su entronización fue el resultado de la imposición de dictaduras, como en el caso chileno, que para lograr la implantación de ese paradigma en la sociedad violaron en forma grave, sistemática y generalizada los derechos humanos de la población y establecieron una Constitución Política que vacía de contenido democrático la institucionalidad, para garantizar la reproducción del modelo. En segundo lugar, porque un rasgo básico del neoliberalismo es que reconvierte los derechos sociales en bienes de mercado y todas las relaciones sociales pasan a ser de intercambio mercantil, lo que está en contradicción con las dimensiones económicas, sociales y culturales de los derechos humanos. 

En los países en que el neoliberalismo se ha intentado implantar en condiciones de democracia liberal, la respuesta inequívoca ha sido el uso de la fuerza del Estado en contra de la sociedad que resiste. En las naciones en las cuales se ha intentado poner en marcha nuevos modelos de desarrollo, se han propiciado golpes de Estado en contra del régimen de Derecho, imponiendo dictaduras o regresiones autoritarias.

En Chile, la irrupción de la revolución ciudadana frente a los abusos y la desigualdad ha tenido como respuesta un cuadro de gravísimas y numerosas violaciones a los derechos humanos, lo que ha sido acreditado ampliamente por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hemos constatado el recrudecimiento de las tensiones generadas por los modelos neoliberales. Luego de la enorme violencia desplegada durante la instalación de esos modelos, se pretendió propagar el imaginario de un pacto social sustentado en la confianza en una elite tecnopolítica portadora de lo que se aseguraba era el único modelo capaz de conducir las economías hacia el bienestar general, proclamando además que el neoliberalismo era el único modo compatible con la democracia. Sin embargo, ha mostrado el fracaso de su promesa a las sociedades.

Frente a las exigencias ciudadanas de una redistribución de la riqueza, la elite en el poder, que se ha instalado cómodamente en los aparatos estatales y monopolizado todos los rincones de la economía, reacciona con violencia sísmica en contra de la sociedad movilizada. El despliegue desatado de la transgresión de los derechos humanos sigue siendo la pulsión del poder basado en la violencia.

La pesadilla no se desvanece cuando la descubrimos. Por el contrario, los poderosos de siempre generan nuevas mitologías justificadoras de sus privilegios y endurecen el castigo en contra de los pueblos en rebelión.

¿Por qué, si los derechos fundamentales resultan incuestionables para todos son vulnerados constantemente hasta el punto en que descubrimos que las violaciones a los derechos humanos son la norma en nuestras sociedades?


Las declaraciones y pactos han operado hasta ahora como sugerencias, esperanza y voluntad. Su actualización merece revisar cuáles con las razones que motivan a los seres humanos a cometer horrores contra otros, no solo en la forma de crímenes de odio, sino más bien como la acción fría y calculada. Detrás de una decisión política o económica que condena el destino de millones de personas hay la persecución de un interés y no solo un abismo cultural o la pura maldad.


Nuestra sociedad debe transitar de lo declarativo a la acción concreta, desde lo político, desde lo material, desde el propio cuerpo, desde nuestras comunidades y nuestros territorios. Lo concreto, entonces, es librar una lucha por redefinir las normas que sostienen nuestras sociedades, y al mismo tiempo, poner en marcha el cambio que esperamos. Y es que ese cambio no ocurrirá mientras los intereses detrás de la violencia sigan operando.

Para materializarlo, asumimos que el campo juridico es clave. Transitar desde lo discursivo a lo normativo es quizá la batalla más importante de nuestro tiempo. La defensa y valorización de los DDHH está finalmente definida por el código del derecho y la tarea de todas y todos es impregnar el proceso constituyente en Chile con el poder más humanizador de toda nuestra historia.