Con motivo del homicidio de Ámbar, hecho que nos provoca un gran dolor y lamentamos profundamente, creemos firmemente, como institución que promueve y defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es necesario hoy más que nunca generar cambios profundos y estructurales a un sistema que, una vez más, se ha mostrado incapaz de proteger ante todo la vida de niños, niñas y adolescentes.

Es fundamental que se determine la responsabilidad penal del ejecutor directo y los encubridores de este homicidio, pero además la responsabilidad que le cabe al Estado de Chile al no generar mecanismos que protejan y prevengan que estas situaciones ocurran, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de niños y niñas. En ese contexto es de extrema urgencia que Chile tengan una Ley de Garantías de Derechos de niños, niñas y adolescentes que, por una parte, asegure que niñas, niños y adolescentes sean y se sientan protegidos y seguros, a la vez, que existan las condiciones que les permitan ejercerlos.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de propiciar las condiciones necesarias para generar un entorno de  relaciones de convivencia que construyan prevención de violencias contra la niñez, que protejan y defiendan los derechos niños, niñas y adolescente, pero es fundamental que los garantes principales de estos derechos, como son la administración del Estado y el poder judicial, en este caso, asuman de forma concreta el rol que les corresponde.

Ámbar una niña de 16 años, fue asesinada por ser mujer, por ser niña, por vivir en una situación de extrema vulnerabilidad y de vulneración de derechos. En rigor podemos decir, que se cometió un femicidio con ella.

¿Cuántas Ámbar requiere este país, para de una vez por todas, tengamos una ley de Protección Integral de derechos de la niñez y la adolescencia, que les asegure la vida y el desarrollo pleno a todos y todas las niñas, los niños y los y las adolescentes que habitan el país?