Jonatan Díaz, director del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, se refirió a la moción que fue aprobada en el Senado, la que demás de flexibilizar el acceso a los beneficios que ofrece el seguro de cesantía, la normativa tendrá carácter retroactivo para efectos de cálculos y pago de prestaciones al momento de entrar en vigencia como ley

El Gobierno presentó un proyecto para que las trabajadoras de casa particular puedan ser incorporadas al seguro de cesantía, iniciativa que pasa ahora a la Cámara Baja, tras el respaldo unánime, con 40 votos, por parte de la Sala del Senado al informe de la Comisión Mixta.

Lo anterior representa un gran avance en materia laboral para un gremio que lleva muchos años dando la lucha por conseguir que se respeten sus derechos y cuya precariedad se vio incrementada tras el inicio de la crisis sanitaria que generó el Coronavirus, situación que dejó a este segmento laboral bajo una evidente desprotección.

Jonatan Díaz, director del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, señaló que “La discusión legislativa en lo que respecta a las trabajadoras de casa particular, siempre ha sido uno de los grandes temas pendientes en nuestro país. Si queremos avanzar hacia una sociedad justa y el objetivo es lograr nivelar la cancha, debemos ser capaces de legislar para todos y todas”.

Así mismo agregó que, “Chile carga con una historia de discriminación en relación al trabajo doméstico en general, que ha sido invisibilizado y desvalorizado. Un trabajo de gran exigencia física y en muchos casos de mucha responsabilidad, cuando tienen a cargo a los niños y niñas de la familia y a los adultos mayores. No es justo que quién cuida a nuestros a nuestros seres queridos y nuestro espacio más íntimo, que es nuestra casa, tenga menos derechos laborales que el resto y estén más desprotegidas ante la ley”

La fórmula propuesta por el proyecto de ley, contempla que el empleador deberá cotizar el 3,3% del sueldo imponible y de este total, el 2,2 por iría a la cuenta individual de cesantía y 0,8 % al seguro colectivo, sin embargo el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP) espera que también puedan ser escuchadas al momento de elaborar políticas que las afectan de manera directa.

“Si bien queda mucho camino que recorrer en esta materia, como organismo de Derechos Humanos, creemos que este cambio que va en el camino de construir una sociedad un poco más justa, que aspira a la igualdad real y efectiva. Nuevamente esta pandemia, que puso en evidencia desigualdades pospuestas e ignoradas por mucho tiempo, nos muestra que es posible hacer bien las cosas y sólo falta voluntad política”, sentenció el director de Foladh.

La iniciativa tendrá carácter retroactivo, por tanto para efectos de cálculo, pago de beneficios y prestaciones que contemple la ley, se considerará el 1 de agosto del 2020 como la fecha de entrada en vigencia de la misma.

Foto: Freepic