El 30 de agosto la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, en recuerdo de los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún hoy, se desconoce  su paradero.

La desaparición forzosa es calificada por los organismos internacionales como una grave violación de los Derechos Humanos, utilizada principalmente por las dictaduras militares para ejercer su poder a partir del miedo. Una estrategia infame y un mecanismo de represión política cuyo objetivo es debilitar y someter a los oponentes.

Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro alrededor de todo el mundo. La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, que define como conjunto los principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas cuando “Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

En este contexto, para Naciones Unidas estos actos violan regularmente derechos humanos claramente definidos como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; a una identidad; a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; a un recurso efectivo, con reparación e indemnización y a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, “Cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una «desaparición forzada», ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos”.

En Latinoamérica, las desapariciones forzosas han sido parte de los procesos dictatoriales incluso durante la historia reciente y la impunidad, hace aún más compleja la reparación. Los Estados tienen una deuda pendiente que nunca podrán eludir. Mientras no exista justicia, las familias de los miles de desaparecidos no podrán cerrar sus ciclos de dolor. Mientras no puedan acceder al legítimo derecho de saber la verdad, esa  herida de los pueblos, seguirá abierta y sangrando.