Después de casi 8 años de tramitación en el Congreso, el domingo pasado el Presidente de la República promulgó la nueva Ley de Migraciones que reemplaza la ley que data de 1975 (Decreto Ley 1094). La ley crea un “Servicio Nacional de Migraciones” y aunque se declara como promotora de los derechos de las personas migrantes, ha sido criticada y rechazada por organizaciones migrantes y diversos actores de la sociedad civil. Entre otros puntos criticables, la nueva ley facilita las expulsiones administrativas, no siendo necesario realizar denuncias penales por el ingreso de personas para proceder a su expulsión, bajo la justificación de evitar la entrada al país por pasos no habilitados.

En tal sentido, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes emitió una declaración en la que señalan que la ley obstaculiza los procesos de regulación de las personas migrantes, con el agravante de estar entrando a regir en un contexto mundial de pandemia y las circunstancias sanitarias y económicas excepcionales que ha producido. En palabras de su presidenta, Vanessa González, esta ley hace parte de una estrategia criminalizadora y estigmatizadora de la migración, agravando la desprotección de los derechos de las personas migrantes:

Catalina Bosch, también la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, apuntó a la situación de grave precariedad en la que se encuentra buena parte de la población migrante en nuestro país:

Por su parte, desde la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile emitió una declaración pública en la que cataloga a la nueva ley como racista:

“Al promulgar la ley, el discurso estuvo cargado de exigencias y amenazas. Es la expresión concentrada de un racismo institucional que, al volverse mediático, construye la ficción que se supone como verdad y actúa como racismo cotidiano. Entonces se abre el telón para el espectáculo político: tono amenazador contra la migración irregular que es tratada como perversa; agradecimientos a las fuerzas militares y a las policías; indiferencia ante las autoridades locales, municipales y poblaciones de la zona que han intervenido en situaciones de acogida, generalmente sin apoyo; suposición de que hay malas intenciones o poca sinceridad en la migración. Así actúa el Gobierno frente a un “otro” que entiende como un “enemigo” que sigue siendo útil para explotar o para maltratar. Esto es racismo. Esto es violencia. Esto es no considerar que hombres, mujeres, niños y niñas de la migración tienen derechos humanos.”