En un escrito presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), han formalizado la denuncia contra Sebastián Piñera y su Gobierno por crímenes de lesa humanidad en el contexto de la represión gubernamental a la revuelta social estallada en octubre de 2019.

El escrito pasará a conocimiento de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, la abogada de la República de Gambia, Fatou Bensouda, instancia que debe pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso, lo cual, de todos modos, puede tardar incluso años por la complejidad de este tipo de crímenes. El próximo 16 de junio culmina el período de Bensouda, siendo reemplazada por el británico Karim Khan.

Tal como informó Ciper Chile, “la decisión de llevar a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales a esta instancia comenzó a gestarse en enero de 2020, durante la visita de Baltasar Garzón a Chile como invitado del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos“.

El escrito de 141 páginas, elaborado por el equipo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, su Presidente Carlos Margotta, y los abogados Yuri Vásquez, Carolina Cubillos y Pablo Corvalán, en conjunto con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, contiene un detallado recuento de las violaciones a derechos humanos ejecutados por agentes estatales desde el 18 de octubre de 2019, y realiza un resumen de los informes emitidos sobre la situación de derechos humanos a partir de entonces, en particular, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch.

Dado que uno de los requisitos para la presentación de este tipo de acciones ante la justicia internacional es el agotamiento de los recursos internos en cada país, un elemento central en esta denuncia, es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público, y el retardo y denegación de justicia que se ve en las causas sobre la materia, y la impunidad que se avizora en la mayor parte de ellas.

Ver documento de la presentación ante la Corte Penal Internacional.