Ante la respuesta militarizada y las graves y generalizadas violaciones a DDHH por el Gobierno de Colombia en el contexto del Paro Nacional

El día viernes 30 de abril, en el contexto del tercer día del Paro Nacional convocado en rechazo a la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque y el partido “Centro Democrático”, se ha conocido el informe de organizaciones de derechos humanos reportando, entre otras tantas graves violaciones a derechos humanos y militarización contra la movilización social. Ayer sábado 1 de mayo, la movilización popular continuó con multitudinarias convocatorias en todas las ciudades del país, a lo que el gobierno respondió con la dictación de la “asistencia militar”, que en la práctica implica la militarización de la respuesta gubernamental ante la enorme movilización social. Durante este último día, han proseguido los reportes de extrema violencia de parte de los agentes de seguridad del Estado, con un número de muertes y otras violaciones graves aún por determinar, pero que por informaciones de movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos, se está señalando en más de 13 víctimas de homicidios por parte de la policía, 8 víctimas de trauma ocular, varios casos de violencia sexual, más de 655 detenciones ilegales, por lo menos 18 heridos por balas, y al menos 98 operaciones de alta violencia por parte de la policía.

Ante ello, desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos nos parece urgente denunciar y señalar:

1. Las multitudinarias movilizaciones de estos días en Colombia hacen parte de un mayoritario descontento y la mala situación y desesperación de amplias franjas de la sociedad colombiana, cuyas condiciones de vida, ya complicadas con anterioridad, y como en muchos de nuestros países, se han visto gravemente empeoradas con la actual pandemia. En ese contexto, y ante las complejidades económicas y sociales en curso, el Gobierno de Iván Duque ha decidido impulsar una Reforma Tributaria de carácter regresivo que ha detonado la actual protesta. Más allá de eso, una de las peores gestiones sanitarias en la región y el mundo, suma ya más de 70 mil muertos por Covid-19. Y semana tras semana, recurrentes masacres y asesinatos configuran un cuadro de una crisis de graves y generalizadas violaciones a derechos humanos que merece la mayor de las atenciones de parte de las organizaciones democráticas de la región.

2. Sólo en el presente año 2021 y hasta el día de hoy, se informa de 57 defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, y 22 desaparecidos1. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia estatal para el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en noviembre del año 2016, se han registrado 904 asesinatos de dirigentes sociales y 276 ex combatientes de las FARC firmantes del Acuerdo, en su mayoría, comparecientes antes las JEP2. Tales datos hacen parte de un cuadro general de acciones y omisiones de parte del actual gobierno que han propiciado la intensificación de la violencia, o la han ordenado, conducido, y/o avalado, como ocurrió en septiembre pasado, cuando tras la brutal tortura y asesinato del joven abogado Javier Ordóñez en Bogotá, la policía mató a 7 personas en las manifestaciones de protesta tras conocerse del hecho.

3. El escenario de violencias armadas en el hermano país de Colombia es una realidad de larga data, con guerras civiles y escenarios bélicos que han atravesado su historia. En el siglo pasado, el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán y con ello el cierre del espacio político hacia las voces disidentes y las fuerzas progresistas y de izquierdas y con ello la irrupción de las guerrillas, luego la aparición del narcotráfico y la ampliación del paramilitarismo y el sicariato político, las relaciones del crimen organizado con la elite y las más altas dirigencias y autoridades del país, y la presencia estadounidense y su participación injerencista en la interna de las fuerzas armadas y la política colombiana, entre ello, el “Plan Colombia” de 1999 acordado entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton, el Acuerdo de Cooperación militar firmado entre los gobiernos de Uribe y Barack Obama en el año 2009 y la entrada de Colombia como “socio global” de la OTAN gestionada por el gobierno de Santos en el 2018, marcan un complejo contexto de militarismo y violencia multidimensional que explica lo sucedido ayer en Cali, en un nuevo hecho que hace parte de una recurrente, extendida y dolorosa realidad que viene padeciendo el pueblo colombiano hace décadas. Entre otras confirmaciones de tal tragedia, señalar que recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz cifró en 6.402 “falsos positivos”, asesinatos militares y paramilitares contra personas desarmadas presentadas como guerrilleros, sólo entre los años 2002 y 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe3. En todo caso, la actual situación hace parte de un agravamiento de tal escenario, particularmente a partir de la toma de posesión del gobierno de Iván Duque en agosto de 2018.

4. Durante estos días, altas dirigencias y medios y redes oficiales del gobernante partido “Centro Democrático” han instado explícitamente por la respuesta militarizada frente a la protesta popular en el marco del Paro Nacional contra la Reforma Tributaria. Entre ellos, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, fundador y principal referente de la fuerza que hoy gobierna con el Presidente Duque, quien afirmó desde sus redes: “El Ejército en las calles es urgente y mejor estar registrando la noticia del asesinato y la destrucción vandálica” (…) “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Dichas declaraciones incluso provocaron su bajada de la red social twitter, por glorificación de la violencia4. Otro tanto se ha declarado y difundido por parte de otras dirigencias y desde los medios y redes del partido “Centro Democrático”, el que a pesar de las numerosas evidencias de violencia y abuso policial, ha promovido la idea de apoyo a una acción más violenta aún de los agentes estatales, como el “#YoApoyoAMisHéroes” instalado en redes sociales5. Señalado eso, no es extraño que la vuelta al gobierno del uribismo, esta vez con el Presidente Duque, esté implicando un creciente agravamiento de la situación de violencias y de violaciones a los derechos humanos en el país, retrocediendo en los parciales acuerdos y avances a los que había llegado el gobierno de José Manuel Santos en estas materias.

5. Junto con visibilizar y denunciar esta grave situación, resulta importante señalar el silencio, ocultamiento y/o manipulación que realizan los grandes medios de comunicación privada de Colombia y de la región ante estos hechos y situaciones, dando cuenta del grave daño que provoca la alta concentración de los medios y la poca pluralidad de la prensa dominante en cada uno de nuestros países y en la escena mundial. Ante esto, nos sumamos a los esfuerzos de comunicación e información que se levantan desde los pueblos y las organizaciones sociales y populares, y la necesidad de fortalecerlos desde todos los espacios y campos de acción posibles.

6. Desde Chile, llamamos la atención por las estrechas relaciones entre las policías y fuerzas armadas chilenas y colombianas, entre ellas, concretadas en la preparación en Colombia, desde el año 2007 hasta la fecha, del llamado “Comando Jungla” que opera en la zona del conflicto chileno-mapuche6. También, resulta pertinente señalar la cercanía y relación política entre el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el de Iván Duque, y con el ex presidente Álvaro Uribe y el partido de derecha “Centro Democrático”. El común patrón de conducta de instar y ordenar a la respuesta militarista contra la movilización social merece el mayor de los repudios de parte de todas las fuerzas genuinamente democráticas y defensoras de los derechos humanos. En tal contexto, nos sumamos al apoyo a las denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra las altas autoridades de los gobiernos de Colombia7 y de Chile8.

7 Nos unimos a las voces de visibilización y denuncia de la situación de violencias y graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en Colombia en un contexto de sistemático militarismo y militarización del conflicto político y social, apoyando todas las iniciativas que puedan colaborar en detenerlas y hacerlas retroceder. Consideramos necesario, en tal sentido, el pronunciamiento de las organizaciones internacionales con competencia en estas materias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las demás instancias regionales y de nivel internacional competentes. Llamamos la atención, lamentamos y denunciamos el completo silencio, hasta este momento, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el ámbito de nuestro país, consideramos urgente el demandar el cese de todo tipo de entrenamiento y colaboración de las policías y fuerzas armadas chilenas con las del Estado colombiano, e instamos al pronunciamiento público de las fuerzas políticas aliadas y cercanas al actual Gobierno que encabeza el Presidente Iván Duque.

Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, domingo 21 de abril de 2021.


1 Indepaz, “Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes de acuerdo asesinados en 2021”, http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

2 Juridicción Especial para la Paz, JEP, “Sistema Integral solicita a la Defensoría del Pueblo adoptar una resolución defensorial que trace hoja de ruta para poner fin al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc-EP”, https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Petici%C3%B3n-a-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-de-informe-y-resoluci%C3%B3n-defensorial-por-grave-situaci%C3%B3n-de-DDHH.aspx

3 “La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos” (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

4 “Twitter borra el tuit del expresidente Álvaro Uribe en el que incitaba al uso de armas de la fuerza pública contra manifestantes” (RT en español), https://actualidad.rt.com/actualidad/390993-twitter-borrar-tuit-expresidente-alvaro-uribe

5 Cuenta oficial en twitter del “Centro Democrático”, https://twitter.com/CeDemocratico/status/1388279086607478785

6 “Carabineros se instruye en sistema colombiano Jungla desde 2007” (Pauta), https://www.pauta.cl/nacional/carabineros-se-instruye-en-sistema-colombiano-jungla-desde-2007

7 “Congresistas denuncian abuso policial en Colombia ante CPI” (teleSUR), https://www.telesurtv.net/news/cepeda-denuncia-violaciones-ddhh-colombia-cpi-20200929-0027.html

8 “Garzón y Comisión Chilena de DDHH acusan al Presidente Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad” (Ciper Chile), https://www.ciperchile.cl/2021/04/29/garzon-y-comision-chilena-de-ddhh-acusan-al-presidente-pinera-en-la-corte-penal-internacional-por-crimenes-de-lesa-humanidad/