El pasado 16 de abril, fue publicado un informe de auditoría de la USAID, la agencia estadounidense para asuntos de operaciones humanitarias, en relación a las actuaciones del organismo y del Gobierno y Estado de Estados Unidos hacia Venezuela, en particular, en lo referido a la operación de supuesta entrega de “ayuda humanitaria” en los primeros meses del año 2019, con el conocido incidente en la frontera colombo-venezolana y la realización de una acción conjunta entre varios representantes de gobiernos de la región en la ciudad de Cúcuta, Colombia, y el despliegue de una operación con participación estadounidense.

En relación a la publicación de este informe, como Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, consideramos necesario apuntar:

1. El informe de auditoría de la USAID «Procesos y requerimientos de implementación mejorados son necesarios para abordar los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID a Venezuela»1, reconoce que varios de los principios básicos que deben tener las acciones humanitarias, como los de neutralidad, imparcialidad, y necesidad, han sido infringidos por las acciones que se han planificado y ejecutado en el marco de operaciones declaradas como “humanitarias” por el Gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. No está de más señalar, además, que la opinión pública internacional estuvo semanas enteras en los primeros meses del 2019 siendo informada de la operación de “ayuda humanitaria” que comandaba el gobierno de Estados Unidos, el de Colombia, y de otros países (entre ellos, el de Chile). El reconocimiento de que tales acciones no cumplían con los requisitos y reglamentaciones que el propio gobierno de Estados Unidos se ha dado para este tipo de operaciones, da cuenta de una clara manipulación de conceptos que han resultado tan caros en construir e instalar en la historia de la humanidad, como los de derechos humanos o de la necesaria asistencia humanitaria en casos de desastres naturales, guerras, o conflictos internos de alta gravedad. La ausencia de los elementos de neutralidad, imparcialidad y necesidad en las acciones señaladas por la propia USAID en el informe señalado, la utilización de recursos militares en una situación que no ameritaba tal uso, la falta de aceptación de parte del Estado supuestamente receptor de la asistencia humanitaria y la falta de colaboración con éste, y la parcialidad consistente en la entrega de bienes y recursos a dirigencias de la oposición, son actos de injerencia e intervencionismo contrarios al derecho internacional y a los principios más elementales de las acciones humanitarias.

2. Es pertinente señalar que los acuerdos a los que ha llegado la comunidad internacional en esta materia son de alta relevancia y exigen el mayor de los respetos por estar relacionados con las situaciones de mayor riesgo y vulneración de los derechos de las personas, como las guerras y los desastres humanitarios de diverso tipo. El uso arbitrario y discrecional del apelativo de “humanitario” para intervenciones políticas y militares de claras intenciones injerencistas, significa una grave violación del derecho internacional humanitario y de las reglas y principios más elementales de las relaciones internacionales y el sistema de Naciones Unidas. Entre ellas, el “Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales (Ong)”2, la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 diciembre 19913, complementada con la Resolución 65/133 de 3 de marzo de 20114, y las llamadas “Directrices de Oslo”5. Todos estos instrumentos internacionales son consistentes y reiterativos en señalar dentro de los elementos centrales de las acciones de asistencia humanitaria, los principios de neutralidad, imparcialidad y necesidad, que han sido, según propio reconocimiento del informe de la USAID, incumplidos en las operaciones comandadas por el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Entre otras, cabe mencionar lo señalado en la citada Resolución 46/182: “La soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados deben respetarse plenamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado”.

3. El gobierno de Estados Unidos viene ejecutado una serie de acciones dirigidas a la desestabilización de la economía, la institucionalidad política, y la sociedad venezolana, impulsando, con su gran influencia geopolítica, a otros gobiernos a seguir tal línea de acciones. Así, las medidas tomadas por un conjunto de gobiernos encabezados por el de Estados Unidos en relación hacia Venezuela, entre ellas las medidas coercitivas unilaterales que se han ido acrecentando desde la dictación de la Orden Ejecutiva del entonces Presidente Barack Obama del 2015 que declaró a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”6 y luego ampliada por el gobierno del presidente Donald Trump7, y más recientemente, con el apoyo al entonces diputado Juan Guaidó desde su autoproclamación en enero de 2019, el cual ha implicado un cuantioso bloqueo y traspaso del control de activos hacia las autoridades estadounidenses y las dirigencias opositoras venezolanas del proclamado “gobierno encargado”, la mencionada operación de supuesta “asistencia humanitaria” desde Cúcuta en febrero de ese año (con participación de los jefes de Estado de Colombia, Chile y Paraguay) en la cual además fue rechazada por la Cruz Roja Internacional quien incluso tuvo que hacer aclaración sobre su no participación8, el intento de golpe de estado del 30 de abril de 2019, o la incursión militar mercenaria “Operación Gedeón” de inicios de mayo de 2020, son, además de una infracción a los principios y reglas más básicas de las relaciones internacionales y del sistema de Naciones Unidas, actos de agresión económica, política, y hasta psicológica y psicosocial contra el pueblo venezolano, y constituyen una serie de acciones violatorias de los derechos humanos en Venezuela, implicando una acción extraterritorial del Estado de Estados Unidos que infringe los principios de no intervención, cooperación internacional, y amistad, libre determinación y soberanía de los pueblos.

4. Declaramos nuestro rechazo a los actos de agresión e intervencionismo de parte del gobierno de Estados Unidos hacia la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo, y denunciamos y condenamos los hechos reconocidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el citado informe. Hacemos un llamado a los distintos actores y organizaciones sobre derechos humanos, a tener en consideración los hechos aquí expuestos, a la hora de evaluar la real situación política, social, económica, y de derechos humanos existente en Venezuela, y las responsabilidades de otros estados y actores extranjeros en ella.

Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, martes 4 de mayo de 2021.


1 «Enhanced Processes and Implementer Requirements Are Needed To Address Challenges and Fraud Risks in USAID’s Venezuela Response» (“Procesos y requerimientos de implementación mejorados son necesarios para abordar los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID a Venezuela”), 16 de abril de 2021, https://oig.usaid.gov/node/4688 [Ver extracto traducido más abajo]

2 “Codigo de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales (Ong)”, Anexo VI -Tomado de Principios y acción en la asistencia internacional humanitaria y en las actividades de protección; XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 3 al 7 de diciembre de 1995, https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/64zpm8.htm

3 Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 diciembre 1991, “Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas”, https://www.un.org/es/ga/63/plenary/E_ha_emergency.shtml

4 Resolución 65/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de marzo de 2011, “Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que prestan las Naciones Unidas”, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8288.pdf

5 “Directrices para la utilización de recursos militares y de la defensa civil extranjeros en operaciones de socorro en casos de desastre”, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCAH, https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OSLO-GUIDELINES-SPANISH.pdf

6 Orden Ejecutiva 13.692 “sobre Bloqueo de bienes y suspensión del ingreso de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela” de 8 de marzo de 2015.

7 Entre otras, por la Orden Ejecutiva 13.884, “sobre Bloqueo de bienes del Estado de Venezuela” del 5 de agosto de 2019, https://ve.usembassy.gov/es/orden-ejecutiva-bloqueo-de-bienes-del-gobierno-de-venezuela/

8 Declaración conjunta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Colombia, 4 de febrero de 2019, https://www.icrc.org/es/document/declaracion-sobre-venezuela-del-movimiento-de-la-cruz-roja-en-colombia, y cuenta oficial de Cruz Roja Internacional, 23 de febrero de 2019, https://twitter.com/IFRC_es/status/1099372266171887616


 

Extracto de «Enhanced Processes and Implementer Requirements Are Needed To Address Challenges and Fraud Risks in USAID’s Venezuela Response» (“Procesos y requerimientos de implementación mejorados son necesarios para abordar los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID a Venezuela”), páginas 7 y 8 [las negrillas son nuestras]:

“La OFDA y el FFP tuvieron dificultades para aplicar las directrices de la Oficina del Administrador [de la USAID] porque se comunicaban principalmente de forma verbal a través de reuniones. Las directrices verbales no establecían una responsabilidad clara ni proporcionaban justificación para la toma de decisiones. La OFDA y la FFP solicitaron a la Oficina del Administrador que emitiera directrices por escrito para documentar la responsabilidad y la justificación de la toma de decisiones. En consecuencia, el Administrador envió una carta al Administrador Adjunto Superior de DCHA el 8 de febrero de 2019, enfatizando el apoyo al Gobierno Provisional como una alta prioridad para el Gobierno de los Estados Unidos Estados Unidos y ordenando a la OFDA y al FFP que posicionen de antemano productos humanitarios productos básicos humanitarios en las inmediaciones de Venezuela.

La orden de la Oficina del Administrador [de la USAID] de proporcionar suministros humanitarios no se basó en conocimientos técnicos ni se ajustó plenamente a los principios humanitarios de neutralidad e independencia y de basarse en evaluaciones de las necesidades. La orden también aumentó los riesgos financieros y de seguridad a través de las siguientes acciones:

– La OFDA y el FFP gastaron aproximadamente 2 millones de dólares en comprar y transportar 368 toneladas de productos humanitarios a la frontera entre Colombia y Venezuela y Curazao desde febrero de 2019 hasta abril de 2019. En agosto de 2019, solo se entregaron 8 toneladas de productos básicos a Venezuela, y las 360 toneladas restantes fueron distribuidas dentro de Colombia o enviadas a Somalía. No todos estos suministros humanitarios fueron proporcionados sobre la base de evaluaciones de necesidades. Por ejemplo, los productos transportados incluían alimentos suplementarios instantáneos que la OFDA y el FFP ya habían determinado que eran innecesarios, porque el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento.

– La OFDA y el FFP transportaron aproximadamente 115 toneladas métricas de productos básicos desde los Estados Unidos a la frontera entre Colombia y Venezuela a través del Departamento de Defensa en febrero y marzo de 2019. Los funcionarios de la OFDA y de la Oficina de Adquisiciones y Asistencia afirmaron que el uso de aviones militares no estaba justificado por las necesidades operativas, ya que el transporte comercial estaba disponible y era menos costoso.

– El administrador firmó un acuerdo de subvención en especies con el presidente interino Guaidó el 21 de febrero de 2019, para proporcionar 334.000 dólares de suministros humanitarios para su transporte desde Cúcuta, Colombia, hacia Venezuela. El 23 de febrero, 2019, los camiones que transportaban estos productos fueron detenidos violentamente en la frontera por las fuerzas de seguridad venezolanas controladas por Maduro, lo que provocó lesiones a civiles y la destrucción de aproximadamente 34.000 dólares de los de USAID. En respuesta al intento de entrega de productos humanitarios de USAID a Venezuela, el régimen de Maduro cerró la frontera de Venezuela con Colombia en febrero de 2019. Esto contribuyó a un entorno tenso para la asistencia humanitaria financiada por el Gobierno de Estados Unidos o asociada a él, ya que el régimen de Maduro rechazó públicamente los productos básicos proporcionados e inició medidas de seguridad en Venezuela”.