En una Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocada por iniciativa de un importante número de gobiernos, se adoptó por resolución este jueves 27 de mayo, una comisión de investigación de violaciones a los derechos humanos en Palestina con ocasión de la ocupación del Estado de Israel.

La votación fue la siguiente. 24 países a favor: Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China, Costa de Marfil, Cuba, Eritrea, Gabón, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Senegal, Somalia, Sudán, Uzbekistán y Venezuela.

9 países en contra: Austria, Bulgaria, Camerún, República Checa, Alemania, Malawi, Islas Marshall, Gran Bretaña, y Uruguay.

14 abstenciones: Bahamas, Brasil, Dinamarca, Fiyi, Francia, India, Italia, Japón, Nepal, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur, Togo y Ucrania.

Así, esta nueva resolución adoptada por una considerable mayoría, nuevamente se adopta con la oposición de los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Además de los ya citados votos favorables, un grupo muy grande solicitó esta sesión extraordinaria del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, atendida la grave situación en las últimas semanas en los territorios ocupados palestinos. Los países patrocinantes de esta medida, además de los citados votos a favor, fueron los de Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Benin, Brunei Darussalam, Chad, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Palestina, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sierra Leona, Sudáfrica, Suriname, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uganda y Yemen.

En la resolución, el Consejo de Derechos Humanos “decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional independiente y permanente, que será nombrada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, para investigar en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario”, puntualiza el documento mediante el cual se da curso al proceso.

Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos detalla que también serán investigadas “todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos antes del 13 de abril de 2021 y desde entonces”.

A su vez, se tendrán en cuenta “todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluida la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.

Por otra parte, se “pide al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto que coopere plenamente con la comisión de investigación y responda con prontitud a cualquier solicitud que esta le haga”.

En la resolución también se “exhorta a todos los Estados, organismos internacionales y otros donantes a que movilicen urgentemente apoyo humanitario para la población civil palestina en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental (…) y exhorta a Israel (…) a que garantice la entrega sin trabas de esa asistencia humanitaria”.

Por su parte, Michael Lynk, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, presente en la sesión especial del Consejo, instó una vez más a que la última escalada, la más grave desde 2014, sea investigada por la Corte Penal Internacional.

En ese foro, Michael Lynk describió a Gaza como “la prisión más grande del mundo” y afirmó que ese enclave no es más que una “pequeña franja de tierra, que alberga a más de dos millones de personas bajo ocupación, aislada del mundo exterior por un bloqueo ilegal aéreo, marítimo y terrestre”.

Al respecto, el experto hizo hincapié en que sólo Israel tiene autoridad para determinar “quién y qué entra y sale de la Franja de Gaza”.

“Cuando la violencia intensa regresa a Gaza, como ocurre habitualmente, no hay escapatoria. La prolongación de esta restricción medieval de las libertades básicas durante 14 años es una mancha desgarradora en nuestra humanidad”, acotó.

Fuentes: web de la Organización de Naciones Unidas, y teleSUR.