El día martes 8 de junio, la organización de derechos humanos “Londres 38”, denunció públicamente la huida a Argentina del militar en retiro Walther Ludwig Klug Rivera, procesado y condenado por crímenes de Estado ejecutados en los inicios de la Dictadura, en específico, durante su estadía en el “Regimiento de Infantería Reforzada N°3 de Montaña de Los Ángeles”, donde estuvo desde 1971 hasta la mitad del año 1975.

Como comunicaron en su denuncia: “Lo que se sabe es que Klug logró traspasar la frontera por el sur de Chile, encontrándose en estos momentos en Argentina. Su intención era llegar hasta Buenos Aires, donde aparentemente ya tenía un vuelo comprado para dirigirse a Europa, llegando primero a España para luego trasladarse a Alemania, país del que no podría ser fácilmente extraditado debido a su doble nacionalidad chileno-alemana”1.

Afortunadamente, con información ya confirmada, hoy sábado Walther Klug ha sido capturado en la calle Moreno, barrio Almagro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con todo, la situación amerita un nuevo llamado de atención a la justicia chilena y el debido rigor con que se deben abordar casos tan graves de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado como los que ejecutó Klug, y compromete a mayores esfuerzos por la consecución de justicia en todas las causas abiertas sobre estos execrables hechos.

Condenado en el año 2014 en la causa por el homicidio calificado de siete trabajadores y por el secuestro calificado de otros catorce, todos de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, cerca de Los Ángeles, hoy Región del Biobío, y con una causa pendiente por la desaparición del militante de las juventudes comunistas y dirigente estudiantil, Luis Cornejo Fernández, detenido el 18 de septiembre de 1973 y conducido al Regimiento N° 3 de Los Angeles, Walther Klug es un referente más de la sistemática violación de derechos humanos practicada en dictadura2.

El caso de Walther Klug representa un nueva demostración del insuficiente y muchas veces negligente actuar de los tribunales de justicia y del resto de organismos del Estado de Chile competentes en la materia, en relación a la necesaria verdad y justicia acerca de las gravísimas, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos más esenciales ocurridas en nuestro país entre los años 1973 y 1990, la consideración de la extrema gravedad del cuadro de terrorismo de Estado ejecutado, y la necesidad de cumplir con el cuidado y diligencia que exigen tales circunstancias para los juicios relativos a estas violaciones y crímenes de Estado.

En específico, este caso retrata varios asuntos importantes de señalar.

1. En el orden interno, lo primero, la desidia de los tribunales en relación a la tramitación de la ampliación de la extradición otorgada por el Estado italiano por el caso de Luis Cornejo, que correspondía realizar para que ésta abarcara también al juicio por el caso de los 23 trabajadores asesinados y desaparecidos.

2. Lo segundo, la laxitud con que se otorgó la libertad por parte del tribunal que conoce la causa de Luis Cornejo, a una persona anteriormente condenada por crímenes de lesa humanidad, como fue el caso de los 23 trabajadores de Endesa. El contraste con, por ejemplo, el extenso uso de las prisiones preventivas para los presos de la revuelta, salta a la vista.

3. Lo tercero, se trata de un militar en retiro que, aún condenado por crímenes de tan alta gravedad, y aún habiéndose fugado a Alemania, seguía recibiendo una pensión de unos 1.200.000 pesos chilenos. Un verdadero insulto para millones de chilenas y chilenos. En relación a ello, urge realizar una revisión general de las pensiones que reciben militares en retiro involucrados directamente con el terrorismo de Estado entre los años 1973 y 1990.

4. Por otra parte, en relación al Estado alemán, señalar que el pasaporte alemán fue entregado por la Embajada alemana en Chile a fines del 2014, cuando ya constaba la condena por el caso de los 23 trabajadores asesinados, o “caso Endesa”. Si bien para la legislación alemana la concesión de la nacionalidad a Klug correspondía por su abuelo alemán, su viaje a Alemania pudo haberse evitado de haberse instaurado alguna medida cautelar como el arraigo nacional. Resulta llamativo el contraste entre este tipo de trato de personas imputadas de los peores crímenes que contempla nuestro ordenamiento jurídico, en relación al que tienen otros delitos de mucho menor gravedad.

5. Con relación al lazo de este caso con la República Federal Alemania, cabe señalar que existe un compromiso oficial de parte del Estado alemán para colaborar en la consecución de justicia en los casos en que están implicados ciudadanos alemanes en la represión y terrorismo de Estado de la dictadura en Chile, a partir, en particular, del caso de Colonia Dignidad3. Sin embargo, al no haber tratado de extradición entre nuestros estados, existe una negativa de enviar a Chile al ciudadano alemán Hartmut Hopp (médico de Colonia Dignidad y colaborador de Paul Schäfer), quien permanece hasta hoy en Alemania. En tal sentido, si bien son valorables las declaraciones emitidas por distintas autoridades alemanas comprometiendo su colaboración y participación en la consecución de justicia donde están involucrados como victimarios y también víctimas (como ocurre en los crímenes y delitos en Colonia Dignidad), corresponde instar a la sociedad alemana y a los sectores comprometidos con las causas de los derechos humanos, el hacer efectivo de manera más decidida tal compromiso.

6. Para finalizar, afirmar una vez más la necesidad de impulsar la verdad y justicia en todos los casos de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ejercidas por el Estado de Chile en el transcurso de la larga dictadura que asoló nuestro país y a nuestro pueblo entre los años 1973 y 1990. En tiempos en que en Chile han vuelto ocurrir violaciones graves y sistemáticas en la represión a la revuelta estallada en octubre de 2019, y en que, producto de ello, se intenta elaborar una nueva Constitución y constituir un nuevo Estado promotor y defensor de los derechos fundamentales de todas las personas, sectores, y pueblos del país, debe imponerse la exigencia de que tales violaciones no queden impunes y con ello se dé una clara señal de que no se repetirán.

Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, sábado 12 de junio de 2021.

1“Londres 38 denuncia nueva fuga del genocida Walter Klug y complicidad de instituciones con la impunidad”, web de Londres 38, http://www.londres38.cl/1937/w3-article-106055.html

2Detalles sobre su caso, en ““Ex militar chileno Walther Klug Rivera condenado por tortura y desaparición vivió en Alemania bajo la impunidad”, por Ute Löhning, El Ciudadano, agosto de 2020, https://www.elciudadano.com/chile/ex-militar-chileno-walther-klug-rivera-condenado-por-tortura-y-desaparicion-vivio-en-alemania-bajo-impunidad/08/06/

3“Alemania y Colonia Dignidad: responsabilidad y deudas pendientes”, Victoria Dannemann para Deutsche Welle, 26 de abril de 2021, https://www.dw.com/es/alemania-y-colonia-dignidad-responsabilidad-y-deudas-pendientes/a-57339572