Derechos Humanos: Aquí y Ahora

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10 de diciembre de 1948 en París. Como se sabe, se trata de un documento declarativo elaborado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue la respuesta de la comunidad internacional al horror de la guerra y el terror del holocausto. Su punto de partida fundante es que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto representó un salto civilizatorio de envergadura histórica, a merced del cual los pueblos del mundo reafirmaron su convicción “en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”.

La Declaración Universal proclamó que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; afirmando la aspiración en “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias”, un mundo sustentado en “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”. Todo ello, “considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, con el fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy considerada el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos.

Sin embargo, la experiencia del último medio siglo de devenir de los pueblos de América Latina y el mundo permite comprobar que es una perspectiva pendiente de materialización.

La irrupción del neoliberalismo se ha transformado en el obstáculo principal para la plena vigencia de los derechos humanos.

En primer término, porque su entronización fue el resultado de la imposición de dictaduras, como en el caso chileno, que para lograr la implantación de ese paradigma en la sociedad violaron en forma grave, sistemática y generalizada los derechos humanos de la población y acompasadamente establecieron una Constitución Política que vacía de contenido democrático la institucionalidad, para garantizar la reproducción del modelo. En segundo lugar, porque un rasgo básico del neoliberalismo es que reconvierte los derechos sociales en bienes de mercado y todas las relaciones sociales pasan a ser de intercambio mercantil, lo que está en contradicción con las dimensiones económicas, sociales y culturales de los derechos humanos.

En los países en que el neoliberalismo se ha intentado implantar en condiciones de democracia liberal, la respuesta inequívoca ha sido el uso de la fuerza del Estado en contra de la sociedad que resiste. En las naciones en las cuales se ha intentado poner en marcha nuevos modelos de desarrollo, se han propiciado golpes de Estado en contra del régimen de Derecho, imponiendo dictaduras o regresiones autoritarias.

En Chile, la irrupción de la protesta ciudadana frente a los abusos y la desigualdad ha tenido como respuesta un cuadro de gravísimas y numerosas violaciones a los derechos humanos, lo que ha sido acreditado ampliamente por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hemos constatado el recrudecimiento de las tensiones generadas por los modelos neoliberales. Luego de la enorme violencia desplegada durante la instalación de esos modelos, se pretendió propagar el imaginario de un pacto social sustentado en la confianza en una elite tecnopolítica portadora de lo que se aseguraba era el único modelo capaz de conducir las economías hacia el bienestar general, proclamando además que el neoliberalismo era el único modo compatible con la democracia. Sin embargo, ha mostrado el fracaso de su promesa a las sociedades.

Frente a las exigencias ciudadanas de una redistribución de la riqueza, la elite en el poder, que se ha instalado cómodamente en los aparatos estatales y monopolizado todos los rincones de la economía, reacciona con violencia sísmica en contra de la sociedad movilizada. El despliegue desatado de la transgresión de los derechos humanos sigue siendo la pulsión del poder basado en la violencia.

La pesadilla no se desvanece cuando la descubrimos. Por el contrario, los poderosos de siempre generan nuevas mitologías justificadoras de sus privilegios y endurecen el castigo en contra de los pueblos en rebelión.

Nos sumamos a los llamados a actuar con urgencia, a hacerlo juntos y a hacerlo aquí y ahora.


Crisis del Modelo Neoliberal, Protestas Sociales en el Mundo y Violaciones a los Derechos Humanos

Cuando se aplicaron paquetes económicos que arrojaron inevitablemente a grandes masas a vivir en condiciones precarias y de extrema pobreza, se los complementó con una tecnología de comunicación cuyos mensajes invitaban a ver la vida con resignación y optimismo. Los placebos económicos han sido reforzados con campañas comunicacionales relativamente exitosas, en las que se propagó la creencia de que la riqueza está al alcance de cualquiera que se propusiera alcanzarla, y que la pobreza es resultado de la falta de voluntad, la pereza o la poca inteligencia, ocultando el hecho de que la pobreza no está determinada por la falta de esfuerzo, sino por condiciones estructurales, diseñadas desde núcleos estratégicos como la Escuela de Chicago, que transformó a Chile en su laboratorio predilecto.

A pesar de los esfuerzos por contener el avance de los movimientos críticos al modelo y desviar la mirada lejos de las contradicciones que se venían evidenciando, la presión acumulada pudo más, haciendo estallar la burbuja social. El alto costo de la vida derivó en endeudamiento. Mientras los hombres y mujeres de trabajo hacían grandes esfuerzos por acceder a la salud y la educación, un pequeño segmento de la sociedad se enriqueció, al tiempo que la corrupción instalada en ese segmento privilegiado se volvió grosera. Asimismo, los sistemas de pensión incumplieron escandalosamente sus promesas iniciales, condenando a los adultos mayores a la pobreza extrema y al suicidio. Todo ello, ha generado un descontento sin precedentes.

Los conservadores y neoliberales han intentado explicar la emergencia de las protestas sociales como un resultado de la intervención de agentes externos a los países en que la ciudadanía ha irrumpido en las calles. Sin duda, es expresión de su impotencia para reconocer el fracaso del modelo y es reflejo de un modo mitológico de argumentar, propio de las lógicas de la “guerra fría” o de las teorías de la conspiración. La búsqueda de caminos alternativos es descalificada, asimismo, como intentos de “populismo” o de reivindicar totalitarismos estatales trasnochados. En el mejor de los casos, las elites caracterizan las rebeliones como meras sublevaciones de “consumidores desencantados”, suponiendo que pueden resolver con la aplicación de ajustes en las partidas presupuestarias destinadas al gasto social, sin tocar la arquitectura del modelo neoliberal, en dramática evidencia de su completa desconexión de la realidad.

Sin embargo, la acumulación de evidencias del desgaste, deriva y fracaso del neoliberalismo es devastadora: desigualdades radicales en la distribución de la riqueza, desplazamientos forzados de masas que huyen de territorios arrasados por la violencia y catástrofe ambiental. Todo esto ya no se puede esconder bajo la alfombra. A pesar de ello, ebrias con sus privilegios, las elites han insistido en radicalizar el modelo, profundizando la privatización de recursos estratégicos y la jibarización del aparato estatal.

El mundo reacciona y responde con movilización social. Las generaciones más jóvenes asumen un rol activo, poniendo la solidez del status quo en entredicho. Ello, en un escenario marcado por la globalización, la diversidad de los modos de vida y las subjetividades culturales, con una descentralización creciente del tráfico de la información y la naturaleza de las comunicaciones, logrando problematizar la legitimidad de los poderes tradicionales, abriéndose así un espacio inusitado para que cada uno asuma el rol que, cree, le corresponde en la historia. No hay vuelta atrás. Nuestras sociedades han cambiado, pero las elites no han sido capaces de cambiar. Su completa incapacidad para responder coherentemente a la coyuntura histórica profundiza aún más la crisis de legitimidad de su poder, generando un vacío que constituye un espacio que hoy está en disputa.

La reacción de las elites, tras constatar el peligro evidente de su propia posición en el tablero, ha sido brutal. Presenciamos, nuevamente, el despliegue de una enorme violencia por parte del Estado. La defensa y promoción de los derechos humanos adquieren un sentido de resistencia pero, al mismo tiempo, un contenido de transformación.


Defensa de los Derechos Humanos en el Sistema Nacional e Internacional. Los Estados frente a los Pactos Internacionales

Una acción consistente en materia de defensa de los derechos humanos debe considerar como un componente indispensable la justicia internacional: es decir, la rendición de cuentas en casos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La justicia internacional es un elemento fundamental para consolidar el respeto de los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo, y solamente podría ser cuestionada por los genocidas y por sus cómplices o beneficiarios. También tienen que ser respaldados los esfuerzos de tribunales nacionales que aplican su legislación interna para juzgar a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos, con independencia del lugar donde se cometieron (principio de jurisdicción universal).

Las Organizaciones No Gubernamentales de carácter nacional e internacional que se avocan activamente al monitoreo y defensa de los Derechos Humanos están ocupando un lugar cada vez más relevante en los conflictos políticos internos gatillados por movilizaciones sociales. Estas organizaciones, respaldadas en los Pactos y los Tratados internacionales suscritos por los Estados, han abierto la posibilidad de contener y modificar el despliegue de la violencia por parte de los poderes estatales.

El corolario de esta institucionalidad global son las Cortes Internacionales, cuyo rol a la hora de someter a juicio a violadores de Derechos Humanos, que gozan de blindaje político en sus naciones de origen, viene adquiriendo cada día más robustez, capacidad e independencia. Se ha convertido en una herramienta clave para hacer frente a la impunidad cristalizada en los ordenamientos institucionales y jurídicos nacionales.

En consideración de que los Estados no tienen validez para comunicar a la justicia global sobre vulneraciones a los derechos humanos en las que ellos mismos se encuentren involucrados, las organizaciones garantes del Derecho Internacional se vuelven irremplazables a la hora de la descripción de los hechos constitutivos de vulneración de los derechos humanos y de apuntar a los responsables. Por medio de investigaciones presenciales en los territorios en tensión y el desarrollo de informes que no responden a intereses coyunturales, comunican diagnósticos que son, en última instancia, el acercamiento más legitimado a los conflictos políticos, bélicos, territoriales y culturales que derivan en vulneraciones a los derechos fundamentales.

Los pactos y tratados suscritos por las naciones permiten asumir perspectivas críticas frente a medidas económicas, políticas y culturales que pudiesen poner en riesgo la seguridad o libertad de las personas. Sin esto, la construcción de nuevos paradigmas de desarrollo con enfoque de derechos sería impensable. Dicho de otra forma, las nociones contenidas en pactos y tratados, otorgan los argumentos y la plataforma institucional para modificar estrategias de desarrollo y políticas públicas, económicas y sociales.

1. ¿Nueva Constitución como salida a la crisis del modelo? v/s. ¿Cambio de modelo y Nueva Constitución?

Por décadas, la demanda por una Nueva Constitución ha sido una de las principales banderas de lucha de comunidades políticas, académicas, sociales y culturales de nuestro país. Si bien en los últimos años se ha masificado, como se evidenció en las rebeliones estudiantiles del 2006 y 2011, es desde el 18 de octubre del año pasado que la demanda toma una forma concreta y es apropiada por el conjunto de la ciudadanía, a pesar de los esfuerzos de la elite por contenerla.

Ello se explica no por el hecho de que el cambio de la Carta Fundamental sea un fin sí mismo, más allá de la necesidad de resolver sus problemas de legitimidad de origen. Lo fundamental es que la Nueva Constitución sea una herramienta para crear un Nuevo Chile, establecer un Estado Democrático de Derechos Sociales que recoja las demandas ciudadanas levantadas desde las calles por las personas, las organizaciones sociales y los grupos sociales movilizados. Los cambios son diversos: pensiones, salud, educación, vivienda, reforma tributaria, regulación y fiscalización de los aparatos de seguridad, libertad informativa y un largo etcétera.

No se requiere una “Constitución minimalista”, sino que una Carta Fundamental que reemplace la sociedad de mercado por una sociedad de derechos y el despotismo de los fuertes por una patria de libres e iguales.

En este sentido, resulta imperioso que sean formalizados en la nueva Constitución los Pactos y los Tratados Internacionales en Derechos Humanos suscritos por el Estado de Chile. Hasta hoy, dichos tratados y pactos solo funcionan como el anverso cosmético de la violencia y los abusos, transformándose en una lista de buenas intenciones. En este ámbito se juega la posibilidad de construir una Constitución que garantice derechos civiles y políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Es una tarea clave para que podamos volver a confiar.

2. Los Desafíos actuales para la plena vigencia de los Derechos Humanos a 70 Años de la Declaración Universal

Frente a la irrupción de la protesta ciudadana, como ha ocurrido antes en la historia, irrumpe el fenómeno del fascismo, el conservadurismo autoritario o la derecha extrema. En el mundo y en América ya han comenzado a tomar por asalto los Gobiernos y los Parlamentos. Sus rasgos más distintivos son, primero, su propuesta de reforzar el núcleo coercitivo del Estado y restringir las libertades fundamentales, de exaltar la fuerza y la violencia como mecanismos de regulación de los conflictos sociales. En definitiva, propugnan relativizar la plena vigencia de los derechos humanos. En segundo lugar, se caracterizan por su “revisionismo histórico” o “negacionismo”, es decir, por negar el genocidio perpetrado por las dictaduras, con una diversidad de tácticas: cuestionar la envergadura cuantitativa de las víctimas; rechazar –en unos casos– que hubieran ocurrido determinados actos de barbarie y –en otros– justificar los crímenes en mérito de la supuesta necesidad de enfrentar un “enemigo interno” y en beneficio de un pretendido “bien mayor” (la imaginaria prosperidad general del neoliberalismo).

Para la plena vigencia de los derechos humanos es determinante la derrota del fascismo, del conservadurismo autoritario y la derecha extrema. Su discurso y práctica política constituyen una amenaza para los derechos humanos. Se impone la necesidad de la unidad más amplia para derrotar a los enemigos de la libertad en terreno de la lucha política y en el interior de nuestros barrios y comunidades.

Asimismo, es clave hacer frente al negacionismo y asumir que no puede tener cabida en un orden democrático y republicano. Para ello es necesario avanzar en políticas de Estado en materia del derecho a la memoria y del deber de la sociedad de no olvidar: ello requiere que se avance en el rescate y puesta en valor de la dimensión patrimonial de la memoria histórica, y que la educación en derechos humanos sea un componente fundamental del sistema formativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

3. El Largo Camino Hacia la Incorporación de los Derechos de Tercera y Cuarta Generación. ¿Dónde Estamos y Cómo Podemos Continuar?

Por convención, fueron reconocidas inicialmente dos generaciones de Derechos Humanos: los “derechos de primera generación” o derechos civiles y políticos; y los “derechos de segunda generación” o derechos económicos, sociales y culturales. De forma relativamente reciente, se ha comenzado a hablar de una tercera y cuarta generación de derechos humanos.

Los derechos de primera y segunda generación están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los derechos de tercera generación, vinculados a la idea de solidaridad y con el desarrollo de las sociedades, emergen en el contexto de la globalización: así por ejemplo, tratan sobre la necesidad de cooperación entre los pueblos del mundo; promulgan la paz y el progreso social; afirman el derecho a la independencia y la autodeterminación; y abordan problemas de tipo demográfico (cómo las migraciones), los problemas alimenticios, el acceso a los avances de las ciencias y de la tecnología, y la crisis ambiental. Por último, la cuarta generación de derechos, aunque tiene espacios comunes con la tercera, abordar las Nuevas Tecnologías y su impacto en las sociedades.

El cumplimiento de los derechos de primera y segunda generación es un desafío pendiente en las sociedades de América Latina y El Caribe. Sin embargo, no son ajenas a los contenidos de los llamados derechos de tercera y cuarta generación, cuya materialización se transforma en un nuevo desafío para la plena vigencia de los derechos humanos en países en que se propone el tránsito a nuevos Estados de Derechos Sociales en contextos de globalización de la economía y revoluciones tecnológicas. En estricto rigor, los derechos de tercera y cuarta generación son un desarrollo necesario para garantizar la dignidad humana frente a los nuevos problemas contemporáneos, resultados colaterales de la deriva mundial del neoliberalismo.

4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Es compatible el neoliberalismo con Estados democráticos? Movilización, contradicciones y desafíos

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya se encontraban enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero lograron un salto adelante en el sistema internacional con la proclamación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es interesante constatar, sin embargo, que la Declaración Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de marzo de 1948, adoptada por la Asamblea General de la OEA, fue el primer instrumento internacional que incorporó un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales.

Al respecto, es posible identificar el derecho al trabajo y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; el derecho a huelga y libertad sindical; el derecho al descanso y la recreación; el derecho a la seguridad social, a la salud y la educación; el derecho a la alimentación, el vestido y vivienda digna; la protección de la familia y los menores; el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia; el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y los hallazgos científicos; el derecho al agua.

Respecto de su relación con los derechos civiles y políticos, es menester consignar que los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. En otras palabras, la democracia y las libertades políticas y civiles fundamentales deben aprehenderse en estrecha relación con la materialización de condiciones de justicia económica, bienestar social e igualdad. La sola implantación de la democracia política no garantiza derechos sociales, pero sin plenos derechos sociales se está en presencia de una democracia de baja intensidad. Por ello, el neoliberalismo es incompatible con la democracia, pues es contradictorio con una sociedad de derechos sociales, económicos y culturales.

5. El Rol del Feminismo y la Lucha por la Igualdad de Género en el Nuevo Paradigma de los Derechos Humanos

La rebelión ciudadana en Chile se caracterizó, sobre todo las primeras semanas, por esquivar los intentos de conducción surgidos desde los liderazgos tradicionales. La imposibilidad de que se alzaran vocerías oficiales facilitó la constitución de una orgánica policéntrica y la convivencia de una diversidad de discursos y comunidades, alineados tras la fuerza tectónica de las calles. Con el paso del tiempo, comenzaron a emerger fortalecidos los movimientos sociales que hasta ese momento estaban invisibilizados.

Destacó significativamente en este proceso la omnipresencia del discurso feminista, el que dio paso al despliegue comunicacional de una enorme diversidad de organizaciones con agendas feministas convergentes. La instalación robusta en el escenario social y político del movimiento permitió que sus ideas centrales se instalaran en la discusión pública y el imaginario colectivo, apropiándose de ésta forma de un espacio privilegiado en el proceso de cambios que comienza con la discusión constituyente. “El violador eres tú”, aquella destacada intervención feminista que recorrió el mundo entero, fue un ejemplo paradigmático.

La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer forman parte de los derechos humanos. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979. En su preámbulo se indicaba que, a pesar de la existencia de otros instrumentos del sistema internacional, las mujeres continuaban sin disfrutar de los mismos derechos que los hombres. La Convención estableció la obligación de los Estados de abordar no solamente las leyes discriminatorias, sino también las prácticas y las costumbres, así como la discriminación de la mujer en el ámbito privado.

En Chile no habrá democracia y plena vigencia de los derechos humanos sin plenos derechos para las mujeres, y no habrá Constitución que lo garantice sin la participación protagónica y paritaria de las mujeres.

6. Los Derechos Humanos y las Migraciones, Desplazamientos Forzados y Cierre Selectivo de Fronteras

En el complejo contexto que vive Latinoamérica y el mundo, los problemas asociados a los movimientos de grandes masas de migrantes han captado la preocupación de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Hoy atravesamos una crisis global, que ha llegado a nuestras fronteras y que hasta hace pocos años solo conocíamos como una realidad lejana.

El Gobierno de Chile ha adoptado una decisión que reafirma la línea dura en política migratoria que ha adoptado: la no suscripción del Pacto Mundial para la Migración que promovió Naciones Unidas y que buscaba proteger a las personas que abandonan sus países de origen en busca de mejores horizontes. El pacto fue firmado por más de 150 países, que se articularon para una respuesta conjunta a un problema global, sentando las bases para abordar de forma organizada y humanitaria el fenómeno. No suscribieron este pacto un puñado de países, encabezados por Estados Unidos.

En la ocasión, el Subsecretario del Interior declaró: “La migración no es un derecho humano”. La gravedad de esas palabras radica en el hecho de pretender excluir a los migrantes de los acuerdos sobre derechos humanos. Esas palabras del subsecretario rozan en lo escatológico y abren un peligroso espacio de indiferencia institucional a la vida humana. La línea oficial chilena se ha profundizado. A inicios de junio, la Corte Suprema aprobó la expulsión de migrantes cuyos hijos tienen nacionalidad chilena. Así, se irrespeta el interés superior del niño e impone un “exilio forzado” a niños chilenos hijos de inmigrantes.

Todo ello se traduce en violaciones inaceptables a los derechos humanos, en recrudecimiento de las políticas de seguridad y represión en países expulsores, sin que se diseñe ninguna medida orientada a resolver los conflictos socio–económicos gatillantes de la migración. De esta forma, se está muy lejos de reconocer la migración como un problema que precisa ser atendido desde su origen multicausal y no sólo como una amenaza a la seguridad de los países receptores.

7. Orientación Sexual e Identidad de Género. El Cuerpo como Espacio Político en Sociedades Tradicionales

Los derechos explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen la igualdad de todas las personas, tanto en su dignidad como en sus derechos. A pesar de que esta idea es socialmente aceptada y reproducida en la esfera del discurso, en la práctica estamos muy lejos de su integración cultural y normativa. Esto es aún más grave cuando se trata de la inclusión de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

El control socio–político sobre los hábitos y símbolos marcados en los cuerpos se ejerce desde todas las esferas de la vida cotidiana, sobre todo cuando estos transgreden las demarcaciones normativas de sexualidad y los roles de género. El modelo cultural binario que domina el mundo heteronormativo deja poco espacio para las diferencias.

En las sociedades latinoamericanas, marcadas por los rasgos de una tradición conservadora y patriarcal, la discriminación hacia los sujetos que escapan a los límites del imaginario normativo de la sexualidad y el género no sólo se despliega con evidente agresividad, sino que incluso recibe una legitimación latente y refuerzos por parte de la institucionalidad. De esta forma, las violaciones a los derechos humanos son constantes y muchas veces invisibles para el resto de la sociedad, que no da cuenta de sus propios prejuicios y estigmatizaciones.

El estigma no se articula solo a través de la violencia explícita. Los gestos de exclusión, acoso y discriminación hacia las personas, provocados por su orientación sexual o por su identidad de género, componen también el espacio que habilita la vulneración de la dignidad de quien es objeto del abuso.

En este contexto, la importancia del reconocimiento institucional y explícito de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género se vuelve fundamental para avanzar hacia el respeto y protección de todas las personas. Los Estados tienen un rol clave, en tanto son garantes de justicia y equidad, a través de sus marcos legislativos.

8. Sustentabilidad y Crisis Ambiental. ¿Es posible la Justicia Climática en las Sociedades Latinoamericanas?

El impacto del cambio climático en todas las esferas de la sociedad está ampliamente descrito por el sistema internacional, la academia y las comunidades científicas y la sociedad civil. Los efectos negativos de la emergencia ambiental no sólo ponen en riesgo evidente la preservación de la vida de todas las especies, sino que profundizan las desigualdades existentes producto de la inequidad en la distribución de la riqueza y los conflictos armados. La población mundial que vive en la pobreza está viendo precarizada aún más sus condiciones de vida, por la destrucción de sus economías de subsistencia y por el deterioro de los nichos ecológicos que habitan.

Con el objeto de hacer frente a la emergencia ambiental, los organismos internacionales, de la mano de las naciones postindustrializadas, promueven tratados que limitan las emisiones de carbono que resultan del funcionamiento de las megaindustrias, altamente contaminantes. El objetivo de ésta agenda es contener la agudización del efecto invernadero, que resulta de tales emisiones. Esto representa un problema para naciones con economías rezagadas, pues en muchos casos son altamente dependientes de la industria pesada y el uso de combustibles de bajo costo, que tienen una elevada huella de carbono y por lo tanto aportan significativamente al calentamiento global y el consecuente efecto invernadero.

Aunque las naciones que más aportan en emisiones son los centros económicos hegemónicos del mundo, las economías de pequeña escala son las que se ven arrojadas a firmar estos tratados a causa de la presión internacional, mientras que las grandes economías hacen caso omiso a tales recomendaciones y compromisos, pues su poder e influencia pareciera hacerlas intocables.

Es necesario perseverar en el camino de la cooperación internacional y la toma de decisiones coordinadas para acciones estratégicas en bloque frente a uno de los desafíos más grandes que la humanidad ha enfrentado. También es necesaria la organización y movilización creciente de la ciudadanía para empujar a Estados y Gobiernos a modelos de desarrollo sustentable.

9. Primeras Naciones y Vulneración de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. ¿Cómo Construir Ciudadanía Plurinacional?

El devenir histórico de las Primeras Naciones, conocidas también como “pueblos originarios”, que habitan el continente que hoy llamamos “América”, tiene un punto de inflexión trágico con el comienzo del proyecto colonial europeo, momento que inaugura su largo ciclo de muerte y resistencia. La invasión al territorio dio lugar a genocidios prácticamente incuantificables, en los cuales los sobrevivientes fueron sometidos a atrocidades con el fin de someterlos políticamente y esclavizarlos en aras del saqueo de sus recursos.

Junto a la desintegración de sus formas de vida y sistemas de conocimiento, vino la imposición de la cultura occidental, ataviada de símbolos que reafirmaban la jerarquía aplicada a través de la violencia por los invasores, la cual se cubrió con el manto del discurso civilizatorio que sirvió a los propósitos de un largo y sangriento proceso de sometimiento disciplinario. Luego, con la instalación de las jóvenes naciones, las diezmadas poblaciones originarias persistieron en la resistencia bajo la coerción y la violencia desplegadas por los nuevos Estados herederos de occidente.

A pesar del sistemático acoso militar, la satanización simbólica y los posteriores esfuerzos por asimilar a los sobrevivientes de las Primeras Naciones, muchos de esos pueblos siguen de pie. Han podido instalar sus relatos de la historia, tensionando y deconstruyendo esa versión oficial que durante tanto tiempo pretendió invisibilizar la masacre. A lo largo de todo el continente, los “pueblos indígenas”, forjados en la resistencia ininterrumpida, se han empoderado en el campo de la política, reapropiándose de sus símbolos y de su memoria. De ese modo, se abre paso la demanda a los Estados de reconocimiento político y de espacios de autodeterminación cultural y normativa, que, de distintas formas, acontece como una nueva forma de lucha por recuperar parte del espacio usurpado. Es la irrupción de una ciudadanía plurinacional que se abre paso.

10. Libertad de Expresión y Derecho a la Información. Rol de los Medios de Comunicación y Ejercicio de un Derecho Humano de los Pueblos

El hecho de que el neoliberalismo se hubiera instalado como sentido común en sectores de la población perjudicados por el modelo, es el resultado del rendimiento de las estrategias de comunicación de masas de los poderosos de siempre, cuyos resultados se debieron, en buena parte, al monopolio de la elite sobre los medios de comunicación.

En efecto, uno de los rasgos principales de las sociedades controladas por el neoliberalismo ha sido la tendencia a la creciente concentración monopólica de la propiedad de la industria de los medios de comunicación, y por consiguiente a la homogeneización del discurso mediático en función de los intereses materiales de los controladores de los medios, los que además suelen estar integrados con la propiedad de otros sectores de la industria, el comercio y las finanzas. En esas circunstancias, es evidente que se reducen las condiciones de la libertad de expresión y de ejercicio del derecho a la información.

Los medios de comunicación operan con agendas políticas y económicas no explicitadas, que se orientan a la producción de una única interpretación de las realidades sociales, quebrantando los principios de veracidad y de dar expresión a todos los puntos de vista en circunstancias de la existencia de una controversia.

Es fundamental que la Nueva Constitución reconozca el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información a partir de la doctrina emanada del Sistema Internacional. Como ha señalado el Colegio de Periodistas de Chile, ello implica necesariamente que el Estado debe asumir un papel “en el fortalecimiento de la dimensión colectiva de la libertad de expresión, del pluralismo informativo y del acceso equitativo a los medios de comunicación”.

También es imprescindible establecer límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto mono–medial como multimedial, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información.

11. La Democratización de la Doctrina Formadora de las Fuerzas Armadas y de las Policías. Acciones y Medidas

Una condición necesaria para democratizar Chile es asumir el reto de la democratización de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Una de las herencias de la dictadura en Chile fue el establecimiento de un amplio campo de autonomía de esas instituciones, que en lo inmediato es una de las claves causales de fenómenos de corrupción, y que es contradictorio con uno de los principios fundantes del orden republicano, garante del respeto a los derechos humanos: la subordinación de los cuerpos armados al poder civil y a la soberanía popular.

Se necesita una reformulación institucional en clave democrática y ciudadana, que sea capaz de resolver problemas centrales como la regulación del currículo de las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden por los Ministerios del Interior y Educación, profundizando por ejemplo la formación en derechos humanos y no violencia, y adoptando medidas como impartir las materias no militares en espacios académicos compartidos con la población civil y regulados por un programa formativo común. De hecho, las universidades del Estado debieran participar en la formación militar y el personal militar debiera realizar parte importante de su formación general en estas Casas de Estudio.

También se debiera transitar a un acceso universal a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, garantizando un acceso igualitario, gratuito y sin discriminaciones arbitrarias (social, familiar, religiosa, de género, raciales, orientación sexual). Ello debiera acompasarse con un nuevo sistema de selección de los docentes, en que prevalecieran los criterios de excelencia en el plano académico.

Las políticas militares son políticas de Estado, las que en un Estado democrático son producto de una deliberación ciudadana y pública. Por ello, materias cómo la forma de organización de las Fuerzas Armadas y su proceso formativo, deben ser el resultado de un debate nacional.

12. La Experiencia del Terrorismo de Estado: Verdad, Justicia, Memoria y Reparación

No es un problema del pasado. En primer término, porque el terrorismo de Estado permitió en Chile la implantación del tipo de sociedad que prevalece hasta la actualidad. En segundo lugar, porque aún permanece no resuelta, respecto de la experiencia de la dictadura, la necesidad de juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra la humanidad y las graves violaciones a la dignidad humana, consustancial a un Estado de Derecho y a un orden institucional fundado en los derechos humanos. Lo más importante es que la promoción de la verdad, la justicia y la reparación es fundamento de garantías de no repetición.

Un componente esencial de la doctrina universal de los Derechos Humanos es que el Estado que ha permitido violaciones a los derechos humanos tiene la responsabilidad inescapable de aminorar el daño, no sólo condenando a quienes cometieron los crímenes, sino también buscando la verdad y reparando a las personas afectadas.

Según cifras oficiales, al 2011 existían 245 ex agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos, mientas que sólo 64 estaban cumpliendo penas privativas de libertad efectiva.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”, y ha subrayado que “el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Como se sabe, la gravedad de los crímenes de lesa humanidad es mayor a la de un delito simple y el Estado debe asegurarse que los asesinatos, las torturas, las desapariciones, o cualquier otro ataque generalizado y sistemático contra la población civil, tengan sanción y que nunca se deje de investigarlos, por más tiempo que transcurra, para que nunca más vuelva a suceder algo así y porque estos crímenes ofenden a la humanidad entera y no sólo a las víctimas directas.

La lucha por la verdad y la justicia es un imperativo ético fundamental para las sociedades. Es expresión también de un compromiso al que nunca renunciaremos: derechos humanos ayer, ahora y siempre.

COMISIÓN ORGANIZADORA